No hay que olvidar que la democracia no es un suceso, sino un larguísimo y difícil proceso, y como tal proceso está expuesto a un retroceso si se hace un mal uso del sistema.
La corrupción moral está a la orden del día y los pilares de la democracia se ven severamente afectados cuando el ‘vale todo’ es lo que impera. No se puede convertir la democracia en un sistema adaptado a los caprichos o intereses particulares.
Los representantes de la democracia no pueden contaminar el Estado de Derecho, que es el garante de las leyes y las instituciones y la esencia de su fuerza y libertad, y además la forma de gobernabilidad más solidaria y plural que hasta ahora se haya concebido.
La democracia tiene grandes virtudes, pero a su vez es permeable y porosa. A través de ella se filtran elementos cuyo fin es su utilización para proyectos y beneficios personales o de colectivos afines, cuyo objetivo no es fortalecerla sino debilitarla por medio de la demagogia y a través de esta conseguir más poder político. Ya hemos visto y vivido muchos acontecimientos anteriores, que demuestran con su ejemplo esta práctica.
La demagogia y el populismo van de la mano. Apelar al miedo, al victimismo o a las soluciones inmediatas y fáciles, a la demonización de lo que no nos gusta oír, a las falacias y a otras muchas herramientas más forman parte de esta táctica utilizada frecuentemente por quiénes quieren alcanzar el poder a toda costa. Para una vez instalado en él utilizar los recursos que este ofrece y bajo una aparente tolerancia y respeto inicial, perpetuarse en él mismo, mediante la manipulación de leyes, estamentos, medios de comunicación y redes sociales para al final convertirla en una autocracia enmascarada que ha hecho uso y abuso de una estructura de gobernabilidad elegida y conformada previamente.
Por ese motivo debe de haber guardianes de la democracia y estos no pueden ser otros más que la justicia y las sociedades civiles organizadas, siempre que no estén contaminada por intereses espurios.
Sociedades civiles que deben defender, fortalecer y apuntalar los Estado de Derecho, alertando y tapando poros por donde se puedan infiltrar elementos con intenciones fraudulentas como las anteriormente citadas.
Es esencial para este cometido, entre otros asuntos, que los partidos políticos en España afronten e inicien una reforma de la ley electoral que modifique la actual en puntos básicos como son: la elección de diputados por distritos, la implantación de un porcentaje mínimo de representación del 5% a nivel nacional para obtener representación en el parlamento estatal, evitando así la sobrerrepresentación territorial, instituir una segunda vuelta electoral, buscar una proporcionalidad más justa entre circunscripciones evitando una distorsión del voto …
Esto ayudaría a fortalecer ciertos flancos atacados constantemente por elementos adversos al concepto de nación y unidad territorial. Esta reforma, entre otras, ayudaría a reforzar y armonizar la democracia, que hasta ahora y que se sepa es el sistema político más equilibrado, social y participativo.
