La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde el lunes a una treintena de personas a las que la Fiscalía acusa de delitos de estafa y falsedad por, según el caso, elaborar u obtener, la mayoría de las veces previo pago, contratos falsos de trabajo con los que obtener permisos de residencia o prestaciones de organismos oficiales.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, los dos principales acusados estaban de acuerdo para, mediante supuesto «engaño a los organismos oficiales», confeccionar contratos de trabajo «totalmente simulados» a nombre de terceras personas que les pagaban por dicho servicio.
Estas personas luego usaban dichos contratos «para obtener la regularización de su residencia en España, al ser ciudadanos extranjeros extracomunitarios, o para prestaciones por desempleo a las que no tendrían derecho en base a las cotizaciones, también fraudulentas, generadas por las altas en la Seguridad Social», dice la acusación pública.
