La democracia no es solo aplicar la voluntad de la mayoría, sino respetar los derechos de las minorías y no romper con una serie de reglas consensuadas que no pueden cambiar con cada nuevo gobierno.
Si no se respetase a la minoría se podrían dar situaciones como la de que una mayoría —por ejemplo, de morenos y rubios— proclamasen mayoritariamente que los pelirrojos no pudieran acceder a puestos de la Administración pública. Eso, obviamente, sería una medida totalmente antidemocrática.
Adolf Hitler y Benito Mussolini llegaron al poder a través de elecciones democráticas. En el caso del alemán necesitó pactar con otras fuerzas menores, en el caso del italiano lo consiguió con mayoría absoluta. Pero ambos gobernantes fueron retorciendo la democracia a su antojo hasta convertir sus regímenes en auténticas dictaduras, además de consecuencias mortíferas, como todos conocemos.
Alberto Fujimori, que llegó democráticamente a la presidencia del Perú en 1990, dio un autogolpe en 1992 que le mantuvo en el poder ocho años más. A comienzos de mes el presidente Pedro Castillo, otra vez en Perú, trató sin éxito de dar otro autogolpe después de un año de su triunfo electoral.
En España llevamos unos meses tan convulsos que no sería exagerado hablar de que se están tambaleando los cimientos democráticos. Es un proceso imparable y que va ‘in crescendo’.
El primer paso fue cuando Pedro Sánchez pactó un gobierno de coalición con quien le quitaba el sueño.
El PSOE engaña a los españoles cuando dice que la Unión Europea ha exigido reformar el delito de sedición»
Pero la velocidad que han cogido el PSOE y Unidas Podemos en el último trimestre es para echarse a temblar. Ahora tratan de suprimir el delito de Sedición tipificado en el Código Penal de 1995. ¿Cómo algo tan importante para un país no fue incluido como compromiso electoral ni en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos? ¿Cómo un cambio tan sustancial en el ordenamiento jurídico no lo mencionó el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura de enero de 2019?
El PSOE nos engaña a los españoles cuando nos cuenta que la Unión Europea ha exigido reformar el delito de sedición. Mentira mayor es que le exija además que lo rebaje sustituyéndolo por un delito de desórdenes públicos. Por cierto, ya se han apresurado CCOO y UGT para no incluir en este tipo de delito la actuación de los piquetes en las huelgas, que, como saben, SIEMPRE imprimen algún grado de violencia.
La coalición gubernamental quiere justificar esta proposición de ley para equiparar supuestamente la legislación española con la de la Unión Europea, con el pretexto de que las penas en los países europeos son inferiores a la existente en España. Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España, aunque se les dé otros nombres.
Por ejemplo, en Italia aunque no existe el delito de sedición como tal, está el delito de atentado a la integridad, la independencia y la unidad del Estado, que implica violencia (como ocurrió en Cataluña). En 2006 el castigo se redujo de cadena perpetua a 12 años de cárcel.
En Francia el delito de sedición no está tipificado como tal pero sí existe el delito de resistencia. Este delito consiste en la oposición violenta a toda persona e institución que tiene una autoridad. Las penas que se contemplan por este delito son de 10 años si se llevan armas y hay otras circunstancias agravantes (como ocurrió en Cataluña).
En Bélgica el delito más parecido es el de «rebelión», que se refiere más bien a atentados o resistencia a la autoridad. Existe también una rebelión agravada si el delito se comete por un grupo de personas de forma tumultuosa. Las penas pueden llegar hasta los 10 años si las personas que llevan a cabo el delito se han organizado e iban armados (como ocurrió en Cataluña).
La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno.
El Tribunal Supremo ya explicó en mayo de 2021 que el «carácter delictivo» de los hechos por los que se condenó a los líderes del procés es «incuestionable en todos los países de nuestro entorno».
Con esta reforma se pretende que un intento de ruptura del orden constitucional, una reforma a la carta según las necesidades de ERC»
Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas. Una reforma a la carta según las necesidades de ERC.
Lo ocurrido en octubre de 2017 no fueron unos meros desórdenes, ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público concreto. Fue un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular.
Por si fuera poco, ERC presenta una enmienda sobre la malversación y, de salir adelante, conseguirán la exoneración de responsabilidad penal o su reducción al mínimo para los autores de los episodios gravemente delictivos de 2017 y que para el futuro se deje penalmente atípico la desviación de los caudales públicos de todos los españoles para realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal.
A mí me importa un bledo si el delincuente beneficiado es de derechas o de izquierdas, lo que quiero es que esté entre rejas»
Legislan ‘ad hoc’ para unas personas concretas. Pero en realidad con tal de salvar a los corruptos de ERC, no les importa que se cuelen muchos otros casos de corrupción que afectan a miembros de otros partidos, incluida nuevamente ERC con el ‘caso del 3%’. La desfachatez de ERC es tal que justifican esta medida aduciendo que se beneficiará más la derecha. A mí como ciudadano y contribuyente me importa un bledo si el delincuente beneficiado es de derechas o de izquierdas, lo que quiero es que esté entre rejas.
Hay un agravante en todo ello, y es que los condenados por sedición afirman envalentonados que volverán a intentarlo, en el futuro además con mucho menor coste. Recuerden ciertos arrepentimientos que hubo en algunos dirigentes —como Carme Forcadell— que no se imaginaban que acabarían encarcelados.
Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa. La reforma que pretenden hacer es como si preguntasen a los violadores cómo quieren la legislación en materia de agresiones sexuales y que a partir de ahí se les fuera rebajando las penas… Por cierto, a 31 de diciembre ya son 133 los agresores beneficiados gracias a la incompetencia de Irene Montero.
Si sacan esta ley adelante —y parece que nada les frenará a ello—, casos como el reciente autogolpe de Pedro Castillo quedaría impune.
Es más, ¿acaso no está realizando ya Pedro Sánchez un autogolpe estrangulando la independencia del Poder Judicial con la pretendida reforma en la elección de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional?
Además el Gobierno de coalición ha elegido como tramitación legislativa la supresión del delito de sedición una Proposición de Ley Orgánica para así prescindir de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia.
¿Tienen tanta prisa porque confían en que una amnesia del electorado de cara a mayo, no les repercuta? Quedan solo cinco meses. Como diría Pablo Iglesias, tic-tac, tic-tac.
Hay quien piensa que todo esto es una bajada de pantalones del presidente para conservar su puesto. Yo empiezo a pensar que en realidad es un deseo del inquilino de la Moncloa.
Con Pedro Sánchez sería un gran error caer en la contemporización. Hay que frenarlo»
Y es que nos encaminamos hacia un país donde:
– la Guerra Civil española solo se podrá interpretar acorde a la versión oficial.
– los terroristas hasta 1983 serán considerados luchadores por la libertad;
– se retira a la Guardia Civil de tráfico de Navarra porque los restos del brazo político de ETA así lo solicitan;
– una parte —primero Cataluña, después otras CCAA— podrá decidir el destino del todo —España—;
– el poder legislativo queda en manos de quienes quieren irse de España;
– el poder judicial no será independiente del poder ejecutivo;
Y así un largo etcétera.
Con Pedro Sánchez sería un gran error caer en la contemporización. Aprendamos de los errores de Neville Chamberlain en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Esto hay que frenarlo con todos los mecanismos que la democracia permita.
Gonzalo Sichar es doctor en Antropología y licenciado en Económicas. Profesor de Antropología en la UNED.
