La ciudadanía debe poder decidir directamente sobre los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad.
La participación de la ciudadanía en las decisiones sobre asuntos de interés social (por ejemplo, en los presupuestos municipales o en el urbanismo) es un indicador de calidad democrática y un signo de madurez democrática de las sociedades modernas.
Las consultas populares sobre cuestiones de interés local, regional o estatal son usuales en los países con mayor tradición democrática, entre otros: Francia, Italia, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá, los países nórdicos y Estados Unidos.
En nuestra Constitución, la participación es elemento definitorio del Estado Democrático, como derecho fundamental de los ciudadanos (art. 23.1: “participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos…”), y como obligación de los poderes públicos (art. 9.2: “… facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”).
En este sentido, hay unanimidad entre constitucionalistas en que las instituciones de participación directa (como la iniciativa popular, el referéndum y las consultas ciudadanas) no son contradictorias, sino que complementan la participación a través de representantes democráticamente elegidos.
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local también prevé un procedimiento para la realización de consultas populares. Acogiéndose a tal previsión legal, se han realizado decenas de consultas populares en ayuntamientos con gobiernos de distinto signo político (Valencia, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, o Getafe).
Las consultas populares sobre cuestiones de interés local, regional o estatal son usuales en los países con mayor tradición democrática
Y fuera del modelo establecido en la Ley, se han celebrado cientos de consultas ciudadanas en otros muchos municipios (entre otros, Sevilla, Alcalá de Henares, Castellón, Las Palmas de Gran Canaria o Segovia).
A pesar de que nuestro Reglamento Municipal de Participación Ciudadana posibilita las consultas ciudadanas sobre asuntos de locales de especial relevancia, en Málaga sólo se ha realizado una consulta ciudadana en una ocasión y en un ámbito muy reducido (la semi peatonalización de la avenida Manuel Torres en la Avda. El Torcal).
También hace unos años el Pleno municipal aprobó la realización de una consulta ciudadana sobre el futuro de los terrenos de Repsol, aunque el gobierno municipal le dio carpetazo.
En la actualidad, y a pesar del apoyo institucional municipal, el proyecto de construir un rascacielos en el dique de Levante cuenta con un amplio rechazo ciudadano. Un rechazo que es muy transversal, es decir, agrupa votantes de todos los partidos.
Por ello, tanto los grupos de la oposición, como la Plataforma ciudadana “Defendamos nuestro Horizonte” reclamamos una consulta ciudadana sobre la construcción o no de un rascacielos en el dique de Levante del puerto.
El PSOE y la coalición de IU y Podemos representamos 15 de los 31 ediles del Pleno. Sólo el apoyo del concejal tránsfuga Juan Cassá, otorga la mayoría al gobierno municipal actual.
La Plataforma “Defendamos nuestro Horizonte” es apoyada por miles de personas, entre más de 100 docentes de la Universidad de Málaga, y decenas de entidades ciudadanas, algunas tan relevantes como el Ateneo de Málaga, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Colegio Oficial de Arquitectos, o ICOMOS (entidad colaboradora de la UNESCO).
Si en un asunto tan controvertido e importante para la ciudad, Francisco de la Torre se negara a realizar una consulta ciudadana, evidenciará que confía más en la capacidad de influencia de los grupos de intereses económicos particulares, en este caso un casi desconocido “grupo de inversión qatarí”, que en la opinión de la ciudadanía malagueña.
Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal Adelante Málaga (Podemos+IU)
