La Diócesis de Málaga conocía, desde enero, que el cura Francisco, natural de Vélez y de 34 años, tenía pareja y sabía de la existencia de unos vídeos comprometedores de carácter sexual, pero no incoó expediente al sacerdote, encarcelado en septiembre e investigado por agresiones sexuales al menos a cinco mujeres.
En julio, la ya exnovia del sacerdote acude a la Policía, pero no es hasta agosto cuando registra la denuncia y entrega las grabaciones.. De ahí arrancó una investigación que llevó a encontrar a otras cuatro mujeres que habían sido drogadas y violadas, alguna de ellas en más de una ocasión.
La investigación continúa y, en algún momento, el clérigo se siente vigilado y acude a comisaría para denunciar el robo de material informático y 3.000 euros por parte de esa mujer. El resto acaba con su detención y con una serie de confusos comunicados que no aclaran la actuación de la Iglesia.
Ahora cuando el caso se ha hecho público, la Diócesis de Málaga ha decidido personarse como acusación particular en la causa en la que se investiga al sacerdote por la presunta comisión de delitos de agresión sexual a varias mujeres, el cual se encuentra en prisión desde el pasado 12 de septiembre.
Además, el Obispado ha iniciado el procedimiento para la expulsión del estado clerical de dicho sacerdote, según la normativa canónica, añaden en un comunicado. «Esperamos que estas acciones contribuyan a la investigación y al bien de los fieles cristianos, al tiempo que se esclarece la verdad de los hechos», han señalado después de conocerse los pormenores de la actuación del sacerdote.
