“El que se mueve no sale en la foto” (Alfonso Guerra, político español del siglo pasado)
La sociedad española aún está bajo el impacto del descalabro electoral de Ciudadanos en las elecciones del 10 de noviembre de 2019, en las que obtuvo 10 escaños frente a los 57 del 28 de abril de ese mismo año. En la breve historia de la democracia española sólo el hundimiento de la UCD en 1.982 al caer de 157 diputados a 11 produjo un cataclismo parecido. Con la diferencia de que aquellas elecciones marcan la confirmación del Psoe como uno de los partidos que vertebrará la democracia al obtener 202 escaños frente a los 81 que tenía.
Mi intención no es tanto señalar la anunciada extinción de Ciudadanos,- y con ella la posibilidad de que existiera un partido que evitara la polarización que impide desarrollar políticas ‘patrióticas’ de largo alcance -, sino analizar las señales que nos indican que los partidos políticos y su funcionamiento antidemocrático reflejan la deficiente salud de nuestra democracia. La parte final del artículo 6 del Título Preliminar de la Constitución, que señala: “su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos”, es la mayor asignatura pendiente de la democracia española.
Cualquiera que haya militado, como es mi caso, en un partido político (o en dos, o en tres, o en cuatro) sabe que la democracia es completamente ajena a su funcionamiento interno. Hoy más que nunca un partido político puede definirse como “una asociación de uniformados mentales (nunca ideológicos), a la espera de una recompensa”. Bastaría examinar la biografía y la trayectoria de los líderes actuales para saber que esta ausencia de democracia produce forzosamente el ascenso a los puestos de responsabilidad de los mediocres. Los partidos políticos españoles desmienten la teoría de la evolución de las especies de Darwin y confirman la teoría sociológica de la “elección adversa” por la cual serán siempre los menos capacitados quienes ocupen los puestos de responsabilidad más importantes.
La aparición en 2014/2015 de Podemos y Ciudadanos despertó la simpatía de millones de españoles, principalmente en las grandes ciudades y entre el segmento de la ciudadanía de mayor cualificación intelectual, y singularmente, entre los jóvenes profesionales con estudios medios o superiores. Por fin Psoe, PP, Convergencia y PNV se verían obligados a evolucionar en su forma organizativa, de tal manera que las elecciones primarias con el voto directo de los afiliados, acabaría con la ‘cooptación’ como forma natural del ascenso a los puestos de dirección y, consecuentemente, la democracia se vería reforzada con la llegada a la responsabilidad del gobierno de una nueva generación que desterraría el personalismo y la adhesión incondicional a la jerarquía.
Solamente se necesitaron dos años desde la aparición de los nuevos partidos para comprobar que sus dirigentes, – nacidos de formas organizativas netamente democráticas -, habían adoptado los peores vicios de los viejos partidos: la apropiación de todo el poder, la persecución de las discrepancias y la pluralidad, y el control absoluto de las agrupaciones de base en las que se desarrollaba el debate democrático, desposeyéndolas de cualquier capacidad de interpelación o elección de los cargos orgánicos,- antesala estos últimos -, de la esperada y generosa recompensa a la docilidad y a la obediencia casi militar. Iglesias y Rivera, Rivera e Iglesias pronto imitaron, con la fe de los recién conversos, los peores vicios antidemocráticos de las viejas élites.
¿Cómo es posible que la sociedad española sea incapaz de generar liderazgos ejemplares que sirvan de referencia al ciudadano de la calle? No puedo ser original en la respuesta, porque numerosos profesores y expertos en sistemas políticos ya lo han señalado: las reformas necesarias para convertirnos en una democracia equiparable a las nórdicas, las centroeuropeas, la neozelandesa o incluso la norteamericana, necesitan de la voluntad de los partidos que detentan el poder tanto en el Estado como en las autonomías o en los municipios. ¿ Pero cómo podemos esperar que las llamadas ‘clases extractivas’,- principales beneficiarias de nuestros déficits democráticos-, lideren las reformas que necesita y reclama la sociedad que, encuesta tras encuesta, señala que los partidos políticos son uno de los principales problemas de nuestro país, calificando siempre en último lugar a los políticos cuando se les pregunta por las diferentes instituciones sociales: enseñantes, sanitarios, ejército, fuerzas de orden público, judicatura, iglesia y sindicatos ?.
Urge la modificación de la Ley de Partidos, obligándoles a celebrar Congresos con plazos fijos y dónde el voto directo de los afiliados elija a las cúpulas y a todos los cargos orgánicos. Y urge aún más una modificación de la Ley Electoral que consagre la elección por distrito tanto de diputados nacionales como autonómicos y concejales en las grandes poblaciones. Y es imprescindible para nuestra salud democrática que, – al igual que en USA y en las democracias europeas más avanzadas, – desaparezca la figura del “cargo de confianza”, que no es más que la consagración de los partidos políticos como “una agrupación de uniformados mentales ( nunca ideológicos ) en espera de su recompensa”.
Son estos déficits democráticos los que han convertido a la sociedad española en la más crispada y sectaria de Europa, haciendo imposible la unidad de nuestros compatriotas ante la crisis más grave de los últimos ochenta años. Nos jugamos ser una democracia avanzada con una economía competitiva, o el enfermo de la UE que necesitará indefinidamente la solidaridad de los europeos ante nuestra incapacidad para resolver nuestros propios problemas.
¿Alguien informado, y que no sea beneficiario directo de la polarización, puede creer que la mayor parte de los españoles estamos de acuerdo en convertir a nuestro país en un frente de batalla en el que es imposible oírse y pactar las reformas que necesitamos con tanta urgencia?. Nadie lo cree, pero al haberse convertido los partidos políticos en instituciones cuarteleras donde el debate y la discrepancia están prohibidos por los reglamentos, han arrastrado al votante al campo del dogmatismo: “la única verdad es la nuestra, y quien discrepe está fortaleciendo a nuestros enemigos”. Todo el mundo sabe que vamos hacia el desastre, pero todos los políticos señalan al mismo culpable, EL OTRO.
Emilio Utrabo Vallejo, periodista.
