La educación es para los políticos y “sus” partidos un campo de batalla ideológico. Lo prueba la infinidad de reformas educativas que, con su apuesta por la igualación por abajo (escuela comprensiva), han dinamitado la calidad.
Andreu Navarra ha desarrollado el asunto en su libro ‘Devaluación continua’ (2019), recordándonos lo que muchos profesores sabemos desde hace tiempo: el sistema se devalúa por la imposición por ley de una ‘pedagogía facilista’, que presiona para que no se exija mucho a los alumnos, para que se desdeñen las notas y para que se facilite la promoción automática.
Esta situación ha empeorado tremendamente desde la irrupción de la pandemia, con el confinamiento que afectó al curso 2019-2020 y con las circunstancias excepcionales que afectan al actual 2020-2021.
Se perdió el verano de 2020 para planificar el curso 2020-2021, que se inició bajo el síndrome del COVID-19. Pero los políticos aprendieron algo: apelando al principio de la autonomía de los centros educativos, los han dejado generalmente a su suerte. Que cada uno se las apañe como pueda.
En este contexto sale a la palestra la ministra de Educación diciendo que el sistema educativo español abusa de la repetición, de los suspensos. Que la repetición ha de ser excepcional. Que hay que aprobar e, incluso en el caso de suspender, hay que titular. Y que de repetir, nada. Bonita forma de solucionar de un papirotazo el problema del fracaso escolar.
¿Cómo se consigue esto? Muy fácil, según la ministra: atendiendo las necesidades de cada alumno en particular. Y se quedó tan ancha y pancha. ¿Esa es la solución que se le ocurre para elevar el bajo nivel educativo que hay en España, empeorado como es lógico por las dificultades que plantea el COVID-19? ¿Con qué recursos humanos y materiales?, ¿con qué ratios puede hacerse lo que dice la ministra?
¿De qué podría hablarnos la ministra para ganar un poco la credibilidad de la ciudadanía y de los profesionales de la educación?:
— Podría hablarnos de incrementar los recursos humanos y materiales. La ministra no concreta nada sobre dedicar más y mejores recursos humanos y materiales a la educación. No dice nada sobre la necesaria reducción de la ratio y la dotación de más profesorado, convenientemente formado. Pero vamos a ver, ¿cómo va a atender el profesor o profesora las necesidades específicas de cada alumno o alumna con ratios en secundaria de más de 30 alumnos por clase y un total de entre 150 o 200 alumnos por profesor?
— La ministra no dice nada sobre los medios técnicos, informáticos y digitales necesarios para acometer la parte de teletrabajo, teleaprendizaje y enseñanza online, que ha venido para quedarse. Los recursos son importantes, más cuando resulta que en unas comunidades autónomas se invierte casi la mitad de dinero por puesto escolar que en las comunidades más ricas, pero quiero subrayar que tan importante o más es usarlos con talento y tino.
— La ministra no dice nada sobre una financiación similar en todo el territorio español que garantice la igualdad de oportunidades de ese bien posicional y ascensor social que es la educación.
— La ministra no dice nada sobre las importantísimas reformas pendientes, per secula seculorum, que afectan al profesorado: un sistema general de formación continuada y evaluación del profesorado, y el desarrollo de una carrera profesional que permita incentivar y premiar la excelencia docente.
Sí confronta, en cambio, la ministra la enseñanza pública y la concertada, sí provoca controversia con los amagos de aumentar el IVA en la concertada, sí genera división sobre el uso del castellano como lengua vehicular. ¿Eso es lo que necesitamos?
Los profesores están dando clases en muchos centros a grupos de alumnos desdoblados entre el aula y la casa. El profe tiene que comenzar cada una de sus clases entrando en plataformas y aplicaciones, esperar que no se vaya la imagen, el sonido, que no falle la señal, que no se caiga la página web, atender a los alumnos presenciales, a los que están en su casa, poniendo muchas veces sus propios recursos ante la falta de infraestructura adecuada. Los profesores se han convertido en una especie de monitores, animadores o trabajadores sociales, desbordados por la burocracia y la pedagogía buenista.
Pero, tranquilos, la ministra tiene la solución: hay que aprobar y titular a todos, atendiendo las necesidades específicas de cada alumno. Y adiós al fracaso escolar.
La promoción COVID-19 saldrá adelante con todo aprobado y con las titulaciones pertinentes pero con una merma de preparación notable. Ya ocurrió el curso pasado y ocurrirá más en el futuro inmediato. Y además ahora será por ley: la ley Celaá. Una ley educativa, la enésima, que sale sin consenso político, ni social. Con la mayoría política más exigua. Sin contar con los agentes educativos. Ni siquiera se han cuidado las apariencias. Una burla a la democracia deliberativa. Todos lo pagaremos.
