El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha calificado de ‘operación inusual que el grupo sanitario Pascual haya cedido gratuitamente el uso de un inmueble en Málaga capital a la Junta por cuanto ha subrayado que «es una entidad privada la promotora de esta operación cuando en la mayoría de los supuestos similares que ordinariamente se plantean, el cedente es otra administración».
El documento de los juristas autonómicos, que rubrica el letrado José María Castro, se cuestiona como «dudoso el carácter preceptivo o no» de su informe al explicar que la Junta de Andalucía invoca el artículo 80 de la Ley 4/1986 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula la compra de bienes a título lucrativo (sin pago de una contraprestación económica) y rechaza aquéllas donde las cargas superen el valor intrínseco del bien, porque se pretende asemejar «la cesión de uso temporal que nos ocupa» con esa modalidad de adquisición lucrativa.
Frente al argumento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre que esa condición se cumple, el valor del inmueble supera a sus cargas, la Abogacía de la Junta de Andalucía apunta que «en el expediente se pone de manifiesto una deuda de la entidad cedente con el Ayuntamiento de Málaga de 144 euros», a lo que suma «sendas hipotecas por cada una de las fincas registrales, por 1.505.174,71 euros y 2.100.897,91 euros», que suman un total de 3,6 millones, «sin que conozcamos la deuda real actualizada».
